miércoles, 17 de diciembre de 2014

Se integra el Consejo Agrario Permanente de Guanajuato

La Delegada Federal de la SAGARPA en Guanajuato, María de Lourdes Acosta Amaya, acompañada de funcionarios federales de las delegaciones en Guanajuato de la CONAGUA; Procuraduría Agraria, SEDATU, FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Acuícola y Pesquero y del representante de la Secretaria de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAyR); participaron en la integración del Consejo Agrario Permanente de Guanajuato, bajo el lema “Un Giro al Crédito Para Hacer Más Productivo Al Campo”,  la cual integra a las organizaciones campesinas de la CCC, Pro Mejoramiento del Agro en Guanajuato, UFIC, UCD, AMIDA, UNORCA, CONSUCC y Por la Dignidad del Campo, y la representación nacional de su líder Max Correa

En su participación Acosta Amaya resalto: Que el sector agroalimentario de México tradicionalmente ha mostrado su inconformidad por no ser considerado en las políticas públicas que lo ubiquen como un sector importante en la economía nacional.

El Presidente Enrique Peña Nieto y el Secretario Enrique Martinez y Martinez ha dejado constancia que para su gobierno el sector agroalimentario es estratégico, es prioritario.

Por ello, nos instruyó que trabajáramos en un diálogo constante con organizaciones del sector social y privado, con los legisladores, académicos e investigadores, para que juntos construyamos las acciones en la transformación del campo.

En este año, los resultados que tiene el sector son alentadores gracias a un cielo generoso y a las políticas públicas que hemos instrumentado, logramos un crecimiento dinámico y consistente al crecer en el IGAE Primario, a 7.6 por ciento anual para el mes de agosto, de acuerdo a los datos del INEGI.


No obstante lo esfuerzos del Gobierno de la República para evitar las distorsiones del mercado a través del tablero de control, la caída internacional de los precios es tan dramática que no ha sido suficiente para reordenar los mercados, por lo que se requiere de políticas y mayores apoyos complementarios que permitan a los productores resarcir en buena parte los estragos causados por la volatilidad de precios para que puedan solventar sus obligaciones crediticias y que aseguren una rentabilidad mínima para su actividad agrícola.

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