·
Presentan resultados en la Segunda Sesión de las Mesas de Trabajo del
Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura, puesto en marcha por el titular de la
CONAPESCA.
·
El trabajo que se realiza en Inspección y Vigilancia es parte de una
estrategia de coordinación interinstitucional, con el respaldo del sector
productivo, afirmó el responsable de esta área.
El director general de Inspección
y Vigilancia de la Comisión Nacional del Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario
Alberto Castanedo Peñúñuri, presentó ante los integrantes del Consejo Nacional
de Pesca y Acuacultura los resultados de las acciones llevadas a cabo como
parte de su esquema general de operación, conforme al marco legal vigente y en
apego a las políticas públicas de la institución en materia de “Cumplimiento y
Observancia Normativa”.
Destacó que el universo de
trabajo de la inspección y vigilancia pesquera y acuícola se extiende a 67
puertos de desembarque (24 del océano Pacífico y 43 del Golfo de México), donde
operan mil 977 embarcaciones mayores y 74 mil 055 ribereñas, en respaldo a las
actividades de 216 mil 533 pescadores dedicados a la captura de especies y 56
mil 250 en actividades acuícolas. Estos últimos, en un total de nueve mil 230
granjas de acuacultura para la producción de camarón, tilapia, ostión, carpa,
trucha y bagre, entre otras.
La reunión de trabajo se llevó a
cabo en la sede de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), luego de haber sido inaugurada por el
comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, con la
participación de los principales líderes pesqueros y acuícolas del país,
dirigentes empresariales del sector y autoridades federales y estatales, ante
quienes los directores generales de la CONAPESCA expusieron los avances de cada
una de las áreas.
Mario Alberto Castanedo Peñúñuri
indicó que en la ejecución del Programa Integral de Vigilancia Pesquera y
Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal se efectuaron 18 mil 831 recorridos
terrestres y 14 mil 386 acuáticos, operaron cuatro mil 365 puntos de revisión
vehicular y se levantaron cuatro mil 363 actas, lo que dio lugar a la retención
de tres mil 733 toneladas de producto, 15 mil 501 artes de pesca, 18 barcos,
381 lanchas y 383 vehículos, así como la remisión ante el Ministerio Público
Federal de 130 personas.
Destacó que un importante apoyo
con el que cuenta la CONAPESCA es el Sistema Satelital de Monitoreo de
Embarcaciones Pesqueras (SISMEP), que posibilitó la instalación de mil 977
dispositivos (el 100 por ciento de la flota mayor en operación) y que ha
permitido brindar atención –en lo que va de la presente administración— a más
de mil 921 tripulantes, derivado de la recepción de 362 alarmas, por casos como
fallas eléctricas, heridos a bordo y varamientos, entre otros.
Anunció que se avanza en una
transición a nuevos dispositivos de alarma que permitirán determinar con mayor
exactitud el motivo por el que se activa, a fin de que el servicio de apoyo
llegue a las embarcaciones con los recursos o elementos adecuados, según el
incidente.
Las tareas de inspección y
vigilancia forman parte de una estrategia de coordinación interinstitucional,
con la activa participación del sector productivo y, en algunos casos, mediante
colaboración bilateral y multilateral, lo que ha contribuido a la salvaguarda
de los recursos pesqueros y acuícolas, a la prevención de infracciones
administrativas y a enfrentar la pesca ilegal con diversas acciones,
especialmente en las zonas sobrexplotadas y de repoblación.
A nivel nacional, la coordinación
interinstitucional involucra la participación de la SAGARPA/CONAPESCA,
secretarías de Marina (SEMAR), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
de la Defensa Nacional (SEDENA) y Comunicaciones y Transportes (SCT), Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Policía Federal, de gobiernos
estatales y municipales, así como la colaboración de los productores pesqueros
y acuícolas en el Programa Integral de Inspección y Vigilancia Pesquera y
Acuícola para el Combate a la Pesca Ilegal.
En el ámbito internacional, se
realizan acciones conjuntas con la NOAA y el U.S. Fish & Wildlife Service
de Estados Unidos para la verificación de embarques y pesca ilegal en el caso
de barcos que cruzan las fronteras y se internan en aguas mexicanas, y
viceversa.
Al explicar que las tareas de
Inspección y Vigilancia comprenden épocas de veda, zonas de captura,
almacenamiento, transformación, transporte y comercialización, detalló que las
infracciones son por pesca sin permiso, captura en veda, talla o peso no
autorizado, artes o métodos de pesca prohibidos, no respetar volumen y zonas de
pesca, captura de especies protegidas, de especies exclusivas a la pesca
deportiva, no acreditar la legal procedencia de productos.
Refirió que cada pesquería
presenta sus particularidades y, en el caso del camarón, mayoritariamente las
infracciones son por uso de embarcaciones clonadas o sin permiso, no respeto a
la veda, artes de pesca no autorizadas y pesca hormiga, lo que ha derivado en
la retención precautoria de producto.
Para ordenar el aprovechamiento
de la pesquería del camarón, subrayó que se trabaja en la verificación del
cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas para el uso de
Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET’S) utilizados por la flota de
arrastre camaronera, con un criterio de cero tolerancia, sobre la base de
capacitación a pescadores, tripulantes y rederos, así como la participación
corresponsable del sector pesquero y con la intervención de una Comisión
Intersecretarial de Seguimiento y Evaluación.
En el caso del pepino de mar, la
problemática incluye además de lo antes señalado, el no respeto a la cuota de
captura asignada, transformación ilícita de producto, uso de documentación
apócrifa para comercialización e incluso intervención de delincuencia
organizada y corrupción, lo cual derivó en la retención precautoria de 58.5
toneladas en 2014.
Citó también que por violaciones
a la normatividad en la pesquería de langosta, se aplicó el año pasado la retención
precautoria de 4.8 toneladas de producto y, en el caso de la medusa bola de
cañón –que se pesca en tallas y zonas no autorizadas en la costa de Sonora por
embarcaciones clonadas o sin permiso, sin acreditación de legal procedencia,
con intervención de grupos étnicos y comercializadores extranjeros–, motivó la
retención precautoria de dos mil toneladas de producto.
Abordó también el caso de
especies destinadas a la pesca deportiva, en una problemática que incluye el
arribo como pesca incidental, comercialización ilegal, lo que da lugar a
conflictos entre el sector productivo y turístico, motivando la retención
precautoria de 43.7 toneladas de producto.
