DELEGACIÓN GUANAJUATO

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal, que tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas de nuestro sector agropecuario, integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos propios.

jueves, 3 de septiembre de 2015

Se promueven inversiones en materia de acuicultura

Se prevé se harán en breve cambios en la estrategia por parte del gobierno federal, para poder impulsar tanto el incremento en el consumo de productos pesqueros, como la soberanía alimentaria nacional en éste rubro, al promover inversiones en materia de acuicultura.

El fomento al consumo de productos pesqueros, tiene como finalidad el lograr que la población nacional alcance idealmente, un consumo per cápita de pescados y  mariscos, cercano a los  10 kg/año.

Para lograr ésta cifra, considerando las mermas que se tienen en la red de manejo de estos productos perecederos, además de contabilizar los desperdicios generados por el procesado de los mismos (eviscerado, descamado, deshuese, fileteo, etc.) se deberá tener una disponibilidad de  30 Kg/ año de productos pesqueros a pie de playa.

Considerando que tenemos una población de casi 120 millones de mexicanos, se requiere  un volumen de  estos productos cercano a las 3.6 millones de toneladas para lograr ese nivel de consumo.

De acuerdo al Anuario estadístico de Pesca 2013, para dicho año, la producción pesquera y acuícola nacional para consumo humano directo (sin contabilizar el consumo indirecto y las capturas de productos para uso industrial) se estimó  en 1.081 millones de toneladas.

Por tanto, de haberse tenido el consumo per cápita de 10 Kg/ persona deseado, se habría tenido un déficit de más de 2.519 millones de toneladas, es decir, de 2.33 veces la producción nacional lograda.

Es un hecho que gran parte del incremento en la demanda nacional de productos pesqueros, se ha ido satisfaciendo mediante la importación de productos pesqueros congelados provenientes principalmente de países en desarrollo de otras partes del mundo. Del sureste asiático se traen grandes cantidades de tilapias enteras y filete, así como filetes de bassa, mientras que se han importado camarones producidos en centro américa y en otros países asíaticos.

Este fenómeno, no es exclusivo para México. Se está presentando en muchos países de américa latina.

Lamentablemente, el limitarnos a solamente alentar las importaciones, lo que hace es fortalecer la producción de pescados y mariscos de esos países exportadores,  lo que  hace más difícil a los pequeños productores locales competir en sus propios territorios, con esos productos de alta calidad y bajos costos que se distribuyen a través de las grandes cadenas departamentales, ya que los  pequeños productores locales no tienen  desarrollada una capacidad de producción lo suficientemente grande que les permita  alcanzar economías de escala para abaratar el costo de sus insumos. Típicamente, dichos productores no tienen acceso a innovaciones técnicas de producción o a equipos para la producción que sean altamente eficientes a menos que también sean importados (por ejemplo aireadores, membranas plásticas de alta resistencia y durabilidad, equipos de análisis de calidad de agua, por citar algunos) y sus productos, no cuentan con certificaciones internacionales en materia de sanidad e inocuidad.

Otro aspecto que ha estado frenando el desarrollo de la acuicultura en aguas interiores,  ha sido la falta de sinergia entre dependencias gubernamentales, ya que mientras la CONAPESCA pretende apoyar inversiones para incrementar la producción de especies como la tilapia Oreochromis sp  y la carpa de Israel Cyprinus carpio, los productores encuentran fuertes trabas para obtener acceso legal para el uso del agua necesaria para su producción por parte de la CONAGUA, no obstante se plantea en muchos casos la acuicultura como un uso previo del agua a su uso ya concesionado en la agricultura, a los mismos particulares interesados en incursionar en la actividad acuícola.

Igualmente, se ha observado diferentes grados de resistencia por parte de la autoridad ambiental (SEMARNAT) para el otorgamiento de autorizaciones en materia de impacto ambiental para dichos proyectos, por tratarse en ambos casos de especies exóticas, con hábitos omnívoros.

Irónicamente, el propio gobierno federal introdujo ambas especies en casi todos los grandes embalses de aguas interiores del país desde los años 70’s haciendo esfuerzos si bien no constantes pero sí frecuentes, tanto por parte de la federación como por las autoridades estatales y municipales y los propios particulares, para lograr el establecimiento de poblaciones de dichas especies que actualmente dan sustento a las 2 más importantes pesquerías acuaculturales que tenemos.

No está a discusión la importancia que tiene la conservación de nuestra biodiversidad.

Sin embargo, deben de tomarse decisiones cupulares que permitan alinear las prioridades de las diferentes dependencias gubernamentales, para que tomando en consideración las tendencias globales, se tomen decisiones que se puedan aplicar de manera homologada en todo el país, y que en cada localidad permitan el  que nuestros pequeños productores rurales generen productos pesqueros que contribuyan a mejorar sus ingresos familiares,  satisfagan la demanda creciente de productos pesqueros y les permita proveer a sus comunidades de productos pesqueros y acuícolas de alta calidad a precios competitivos, reduciendo así la  necesidad de importar dichos productos para atender la demanda.

Deberá implementarse un programa nacional que permita la regularización de las unidades acuícolas que ya están operando, así como el lograr una serie de mejoras regulatorias que permitan al productor obtener previo al inicio de nuevos proyectos, de una manera simple, las autorizaciones necesarias que le permitan operar de manera legal y eficiente.

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